Por Ficeméa
Los días 26 y 27 de noviembre de 2016 seguirán constituyendo una importante victoria para los partidarios de una educación pública de calidad. Los 57 Estados miembros de la Francofonía reunidos en Madagascar ratificaron la Declaración de Antananarivo, que incorpora de forma explícita los problemas relacionados con la comercialización de la educación. Esta es la declaración más firme que han emitido los jefes de Estado contra la comercialización y a favor de la enseñanza pública y la reglamentación. Es un reconocimiento del trabajo de sensibilización de los interlocutores de la sociedad civil ante los representantes de los Estados y organismos internacionales. Esto refleja la importancia de la movilización colectiva de la que todos y todas hemos formado parte en el transcurso de los últimos meses.
El párrafo incluido en la declaración estipula: «Constatando el desarrollo de los establecimientos escolares y educativos con ánimos de lucro, y teniendo en cuenta nuestro compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, pedimos a la OIF y a la Conferencia de Ministros de Educación de los Estados y Gobiernos miembros de la Francofonía (CONFEMEN), en colaboración con la sociedad civil, que se prosiga la reflexión planteada en la Cumbre de Kinshasa en 2012 y se adopten medidas para promover unas disposiciones institucionales eficaces destinadas a reglamentar a los agentes de la educación privada con el fin de garantizar la calidad y la equidad de los servicios educativos».
Naturalmente, si el hecho de que tantos jefes de Estado se hayan expresado de manera muy firme sobre el tema constituye una etapa importante en sí, ahora es importante hacer rendir cuentas a las autoridades nacionales respecto de la puesta en marcha de esta declaración.
La comercialización de la educación: Un proceso que adopta múltiples formas
La comunidad internacional ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes durante los últimos años de los agentes privados en el sector educativo, lo que ha resultado en la transformación total de los sistemas de este sector en los países denominados «del sur» o «del norte», que incluye la propuesta de servicios de bajo costo y de mala calidad en los Estados emergentes y poblaciones pobres. Muchos inversores, especialmente las empresas multinacionales, participan a gran escala en el «mercado» de la educación considerado como muy lucrativo. La comercialización de la educación es un proceso apenas perceptible que adopta múltiples formas y que afecta tanto a los sectores de la educación formales como informales. Este se traduce en el desarrollo de empresas comerciales para el apoyo escolar, para tutorías de orientación escolar, para la producción de los denominados «kits» contra la dislexia o la disortografía, o incluso en el desarrollo de programas informáticos digitales denominados «educativos».
Este fenómeno multifacético afecta la calidad de los contenidos educativos y la adquisición de los conocimientos básicos; desarrolla la segregación territorial y socioeconómica y refuerza las desigualdades sociales, poniendo en riesgo, así, la realización del derecho a la educación.
La comercialización de la educación se define como su transformación en un producto comercial como fuente de beneficio económico. Se distinguen dos formas: la primera es la privatización de la educación, que se define como el aumento de la responsabilidad sobre la educación por parte de los agentes privados; la segunda, la privatización en la educación, caracterizada por la introducción de métodos y enfoques procedentes del sector privado comercial en los sistemas de educación pública.
Hemos identificado tres repercusiones importantes:
- La inaccesibilidad a una educación básica y el aumento de las desigualdades sociales. En un estudio[1] realizado hace poco por «Solidarité Laïque» y «Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights», en colaboración con las asociaciones haitianas como CEMEA Haití, se analiza la situación en un país donde el 84% de escuelas son privadas: «Las políticas de acceso a la educación no han servido como catalizadoras de la igualdad de oportunidades como se esperaba, por el contrario, han reforzado el incremento de las desigualdades preexistentes. Una de las razones de estas desigualdades está relacionada con los gastos de inscripción, cuyo aumento constante afecta principalmente a los hogares más pobres. Según el 62% de hogares, estos costos demasiado elevados y otros obstáculos financieros constituyen la razón principal de la no escolarización de los menores de entre 3 y 16 años. Por otro lado, más del 90% de hogares haitianos han indicado que apenas cuentan con los medios suficientes para satisfacer sus necesidades, lo que ha puesto en peligro la escolarización infantil».
- La estandarización de las prácticas y pedagogías. Como ejemplo tenemos la creación de las escuelas de costo bajo. Bridge International Academies Ltd (BIA) es una sociedad con fines de lucro establecida en Estados Unidos y es la cadena más grande de escuelas comerciales privadas a nivel mundial. Estas escuelas están financiadas por Pearson, la Fundación Bill Gates y Facebook, entre otros, y se han implantado en Liberia (20 escuelas), Kenia (400 escuelas) y Uganda (63 escuelas). El concepto se basa en dos fundamentos: racionalización por economías de escala y estandarización. La Bridge Academy ha diseñado herramientas pedagógicas que integran en una tableta digital las lecciones impartidas por «el docente», quien se convierte en un simple repetidor a quien se le confiará una clase tras cinco semanas de formación. Los mismos contenidos se enseñan de manera idéntica en todas las escuelas al mismo tiempo. El gobierno ugandés ha presentado un recurso ante los tribunales para el cierre de las escuelas Bridge porque no respetan las normas mínimas en materia de educación. Sin embargo, es posible que esta empresa tenga unos 10 millones de alumnos para 2025.
- La sustitución de la financiación pública (nacional e internacional) por asociaciones confiadas a las sociedades privadas con más objetivos lucrativos que relativos a la educación de la población. Podemos tomar como ejemplo la sociedad entre el Ministerio de Educación Nacional en Francia y Microsoft. Dado que se trata de un aspecto económico importante, las grandes empresas del sector digital –en particular, GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)– intentan por todos los medios imponer sus normas y el uso de sus productos, no solamente con respecto del material escolar, sino también, y sobre todo, respecto de las normas y prácticas educativas.
La lucha contra esta comercialización es un desafío importante para los agentes y los defensores del derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida.
Llamamiento de la Francofonía contra la comercialización: Una respuesta colectiva a nivel internacional y una herramienta para la promoción de intereses
Dentro de este contexto inquietante, un grupo de organizaciones no gubernamentales, de sindicatos, de investigadores y de movimientos educacionales –del que es miembro la Federación Internacional de CEMEA– se encuentra implicado en un consorcio internacional destinado a reflexionar y actuar sobre este asunto. Estos agentes coordinan actividades de investigación y promoción, y desarrollan igualmente una metodología que permita identificar los impactos de la privatización sobre los derechos humanos.
Los miembros de la Francofonía de este consorcio han emitido en colaboración un Llamamiento de la sociedad civil contra la comercialización de la educación y los sistemas educativos, que está destinado a alertar a las autoridades públicas y a los agentes de la sociedad civil, a sensibilizarlos ante los peligros inherentes al proceso de comercialización de la educación y a comprometerlos a hacer frente a este fenómeno.
En la actualidad, nuestro Llamamiento contra la comercialización de la educación ha sido firmado por 302 organizaciones de la sociedad civil procedentes de 38 países.
No obstante, este llamamiento aún debe ser difundido, considerado y debatido. Los Estados y las instituciones regionales tales como la Unión Europea y la Unión Africana deben, al igual que la ONU[2] y la OIF, proteger y reforzar la educación como un auténtico bien público, así como promover una concepción de la educación portadora de emancipación individual, colectiva y de justicia social.
A nivel nacional, cada país debe involucrar a los distintos ministerios, movilizar a los agentes comprometidos en los temas educativos y ser fuente de propuestas, pues sí existen soluciones.
En nuestra capacidad para crear vínculos entre las escalas locales e internacionales es que se establecen nuestras democracias. Las orientaciones de las políticas internacionales no deben quedar acaparadas por los expertos y los tecnócratas, pues estas suscitan el debate público y no deben quedar desconectadas de las realidades vividas a diario. Nuestro trabajo, como agentes en el terreno y pedagogos, es trabajar con las personas ante estas cuestiones claves. Debemos permitir que la ciudadanía se apropie de las políticas nacionales, regionales e internacionales para participar en el debate, comprender y poder tratar estas orientaciones que delinean el futuro de nuestras sociedades.
¡La educación no es una mercancía, es un derecho! Y deseamos que todas y todos lo podamos ejercer.
Sonia Chebbi,
Delegada permanente de la Federación Internacional de CEMEA
La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) tiene como misión lograr una solidaridad activa entre los 84 Estados y gobiernos que la componen (58 miembros y 26 observadores). Se trata de una comunidad de destino consciente de los vínculos y del potencial que se obtiene por compartir una lengua, el francés, y los valores universales.
La OIF tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de vida de sus poblaciones ayudándoles a convertirse en agentes de su propio desarrollo. Asimismo, brinda apoyo a sus Estados miembros en la elaboración o consolidación de sus políticas y realiza acciones de política internacional y de cooperación multilateral, conforme a las 4 grandes misiones definidas por la Cumbre de la Francofonía:
- Promover la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística
- Promover la paz, la democracia y los derechos humanos
- Apoyar la educación, la formación, la enseñanza superior y la investigación
- Desarrollar la cooperación al servicio del desarrollo sostenible
[1] Estudio titulado «Haïti, enseignement privatisé, droit à l’éducation bafoué», informe alternativo respaldado por 10 organizaciones haitianas e internacionales que se remitió a la ocasión del examen periódico universal de Haití en noviembre de 2016.
[2] Las Naciones Unidas, a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos adoptada en julio de 2016, insta a todos los Estados a «acabar con todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación».
